Rubiales en el punto de mira por alzamiento de bienes
El 26 de agosto pasado, la FIFA suspendió a Luis Rubiales por tres meses a raíz de un expediente disciplinario abierto dos días antes. Este expediente se originó por un beso no consentido a Jenni Hermoso y gestos obscenos durante la celebración del Mundial femenino ganado por la Selección española.
Con menos de un mes para que termine la suspensión y a la espera de una posible inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD), las denuncias contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) siguen acumulándose.
La última denuncia, presentada por Gonzalo Azkarate, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, es por un presunto delito de alzamiento de bienes.
Esta denuncia se suma a otras ya presentadas ante el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón, que involucran supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. El Juzgado de Instrucción 1 de Gijón se inhibió a favor de los juzgados de Majadahonda según el auto del 21 de septiembre de 2022.
Rubiales también enfrenta otras causas penales, incluida la denuncia de Jenni Hermoso por agresión sexual y coacciones, así como una investigación sobre sus supuestos negocios con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.
Además, existen presuntas irregularidades durante su gestión de la RFEF, en proceso de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que, según fuentes del CSD, no han prescrito y podrían ser elevadas al TAD.
La denuncia más reciente de Azkarate sugiere que las responsabilidades civiles derivadas de las causas penales y administrativas de Rubiales podrían ponerse en riesgo debido a la venta de un ático de su propiedad en la calle Ferraz, Madrid.
Azkarate afirma que la venta del ático podría dificultar la efectiva realización de las responsabilidades civiles resultantes de los procedimientos penales en curso en los que Rubiales está siendo investigado.
La denuncia se basa en el Código Penal, que castiga el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores. También hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que destaca la tendencia del defraudador a anticiparse a una situación de insolvencia antes de que los créditos venzan.
Recordemos que Rubiales adquirió un ático de lujo por aproximadamente 1.9 millones de euros en 2021, financiado en parte por una ayuda de vivienda de 3,000 euros al mes de la RFEF, donde ya recibía un salario sustancial.
Su salario antes de dimitir estaba en 675,761 euros (371,669.03 netos), aprobado por la asamblea general de la RFEF en mayo de 2022, donde también se le confirmó la continuidad de la ayuda para vivienda. En una década, multiplicó sus ingresos por diez, pasando de 97,237 euros en 2011 a su último salario antes de dimitir en 2022.
Con menos de un mes para que termine la suspensión y a la espera de una posible inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD), las denuncias contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) siguen acumulándose.
La última denuncia, presentada por Gonzalo Azkarate, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, es por un presunto delito de alzamiento de bienes.
Esta denuncia se suma a otras ya presentadas ante el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón, que involucran supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. El Juzgado de Instrucción 1 de Gijón se inhibió a favor de los juzgados de Majadahonda según el auto del 21 de septiembre de 2022.
Rubiales también enfrenta otras causas penales, incluida la denuncia de Jenni Hermoso por agresión sexual y coacciones, así como una investigación sobre sus supuestos negocios con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.
Además, existen presuntas irregularidades durante su gestión de la RFEF, en proceso de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que, según fuentes del CSD, no han prescrito y podrían ser elevadas al TAD.
La denuncia más reciente de Azkarate sugiere que las responsabilidades civiles derivadas de las causas penales y administrativas de Rubiales podrían ponerse en riesgo debido a la venta de un ático de su propiedad en la calle Ferraz, Madrid.
Azkarate afirma que la venta del ático podría dificultar la efectiva realización de las responsabilidades civiles resultantes de los procedimientos penales en curso en los que Rubiales está siendo investigado.
La denuncia se basa en el Código Penal, que castiga el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores. También hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que destaca la tendencia del defraudador a anticiparse a una situación de insolvencia antes de que los créditos venzan.
Recordemos que Rubiales adquirió un ático de lujo por aproximadamente 1.9 millones de euros en 2021, financiado en parte por una ayuda de vivienda de 3,000 euros al mes de la RFEF, donde ya recibía un salario sustancial.
Su salario antes de dimitir estaba en 675,761 euros (371,669.03 netos), aprobado por la asamblea general de la RFEF en mayo de 2022, donde también se le confirmó la continuidad de la ayuda para vivienda. En una década, multiplicó sus ingresos por diez, pasando de 97,237 euros en 2011 a su último salario antes de dimitir en 2022.
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