Acusa al hijo de Negreira de presionar a árbitros y decidir ascensos
Después de un período de silencio sin noticias ni novedades, el caso conocido como el caso Negreira ha vuelto a acaparar la atención en el ámbito deportivo.
La Guardia Civil continúa su investigación sobre los pagos de 7 millones de euros realizados por el FC Barcelona, a lo largo de 17 años (de 2001 a 2018), al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
Los informes comienzan a arrojar detalles sobre un escándalo que afecta la reputación del fútbol español.
En esta ocasión, se ha revelado parte de la investigación relacionada con el hijo de Negreira, Javier Enríquez, y sus actividades de 'coaching' con árbitros profesionales de la Primera División. Vale la pena recordar que Enríquez solía acompañar a los árbitros en sus viajes al Camp Nou y brindaba asesoramiento al club catalán.
Un aspecto crucial es el contenido del último informe de la Guardia Civil, que menciona directamente al actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y a su predecesor en el cargo, Carlos Velasco Carballo, por haber contratado los servicios de Javier Enríquez como asesor del colectivo arbitral español.
El informe cita a Sergi Albert Giménez, un árbitro retirado de la Primera División, quien acusó a Enríquez Romero de ejercer "presión" sobre los colegiados para que contrataran sus servicios. Giménez describió la relación poco convencional entre Enríquez y los árbitros, así como sus métodos en el trato personal con ellos.
Según Giménez, Negreira hijo también recibía pagos "en negro" por su asesoramiento a los árbitros y estos se veían obligados, en cierta medida, a contratarlo. El informe indica que Sergi Albert se siente amenazado debido a sus declaraciones públicas sobre el funcionamiento del CTA y las personas en cargos de decisión en el mismo.
Otros extractos de los informes de la Guardia Civil revelan que el CTA, bajo el liderazgo de Victoriano Sánchez Arminio y Negreira, operaba de manera "irregular" y tomaba decisiones que no siempre eran imparciales desde una perspectiva deportiva.
El juez Joaquín Aguirre, a cargo del proceso judicial, considera que existió y aún existe una "corrupción sistémica" en el seno del CTA, lo que llevó a la exclusión de la Real Federación Española de Fútbol del caso. Además, cualquier otro equipo de la Primera División podría sentirse perjudicado por haber competido contra el Barcelona durante esos años.
En coincidencia con las declaraciones de José María Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria, el informe de la Guardia Civil señala que Enríquez Romero alardeaba de su "capacidad de influencia y poder de decisión ante la inspección tributaria".
También se detalla que revisaba las actas arbitrales semanalmente o cada quince días y puntuaba a los árbitros. Esta puntuación influía en las ascensiones de categoría de los árbitros.
Además, se menciona la existencia de un informador de la federación que evaluaba si el arbitraje había sido adecuado, respaldando la hipótesis de la existencia de un sistema corrupto en el CTA que favorecía a ciertos árbitros y designaba árbitros internacionales.
La Guardia Civil continúa su investigación sobre los pagos de 7 millones de euros realizados por el FC Barcelona, a lo largo de 17 años (de 2001 a 2018), al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
Los informes comienzan a arrojar detalles sobre un escándalo que afecta la reputación del fútbol español.
En esta ocasión, se ha revelado parte de la investigación relacionada con el hijo de Negreira, Javier Enríquez, y sus actividades de 'coaching' con árbitros profesionales de la Primera División. Vale la pena recordar que Enríquez solía acompañar a los árbitros en sus viajes al Camp Nou y brindaba asesoramiento al club catalán.
Un aspecto crucial es el contenido del último informe de la Guardia Civil, que menciona directamente al actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y a su predecesor en el cargo, Carlos Velasco Carballo, por haber contratado los servicios de Javier Enríquez como asesor del colectivo arbitral español.
El informe cita a Sergi Albert Giménez, un árbitro retirado de la Primera División, quien acusó a Enríquez Romero de ejercer "presión" sobre los colegiados para que contrataran sus servicios. Giménez describió la relación poco convencional entre Enríquez y los árbitros, así como sus métodos en el trato personal con ellos.
Según Giménez, Negreira hijo también recibía pagos "en negro" por su asesoramiento a los árbitros y estos se veían obligados, en cierta medida, a contratarlo. El informe indica que Sergi Albert se siente amenazado debido a sus declaraciones públicas sobre el funcionamiento del CTA y las personas en cargos de decisión en el mismo.
Otros extractos de los informes de la Guardia Civil revelan que el CTA, bajo el liderazgo de Victoriano Sánchez Arminio y Negreira, operaba de manera "irregular" y tomaba decisiones que no siempre eran imparciales desde una perspectiva deportiva.
El juez Joaquín Aguirre, a cargo del proceso judicial, considera que existió y aún existe una "corrupción sistémica" en el seno del CTA, lo que llevó a la exclusión de la Real Federación Española de Fútbol del caso. Además, cualquier otro equipo de la Primera División podría sentirse perjudicado por haber competido contra el Barcelona durante esos años.
En coincidencia con las declaraciones de José María Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria, el informe de la Guardia Civil señala que Enríquez Romero alardeaba de su "capacidad de influencia y poder de decisión ante la inspección tributaria".
También se detalla que revisaba las actas arbitrales semanalmente o cada quince días y puntuaba a los árbitros. Esta puntuación influía en las ascensiones de categoría de los árbitros.
Además, se menciona la existencia de un informador de la federación que evaluaba si el arbitraje había sido adecuado, respaldando la hipótesis de la existencia de un sistema corrupto en el CTA que favorecía a ciertos árbitros y designaba árbitros internacionales.
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